Estado de Excepción en Wallmapu: Los polos que presionan a la Convención. Por Fernando Pairican en Tercera Dosis
2 de Noviembre de 2021
Ilustración Tercera Dosis

Tercera Dosis / 31 de octubre de 2021 / Columna de Fernando Pairican, investigador del centro, posdoctorante del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIIR y profesor de la Escuela de Antropología UC.

El movimiento mapuche busca la autodeterminación dividido en dos corrientes: una política, representada por los constituyentes mapuche; y otra vinculada a organizaciones que apuntan al control territorial (entre ellas la CAM) y que ve en la participación en la convención “un acto de sometimiento al pacto colonial”. Este segundo grupo se fortalece con las soluciones militares que ofrece el gobierno, sostiene el autor.

El Estado de Emergencia decretado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera en algunas zonas del sur de Chile, no es una medida novedosa. Sin embargo, es coherente con la política que distintos gobiernos han llevado adelante en el Wallmapu desde el 2001 a 2021 y que consiste en intentar solucionar con fuerzas armadas un problema eminentemente político.

Esa política nunca ha logrado resolver el conflicto en la zona y tampoco lo hará esta vez.

Este artículo aborda algunas causas de la agudización del conflicto y del incremento de la violencia en el territorio mapuche, y cómo la polarización que se está alimentando puede jugar en contra de las y los convencionales mapuche que apuestan por la vía política y democrática para defender la Autodeterminación.

CRECE LA VIOLENCIA

El mundo se vio consternado a principios del siglo XXI, cuando dos aviones de pasajeros se estrellaron en el World Trade Center un 11 de septiembre de 2001. Para el historiador Ian Kershaw, ese atentado inició “nueva era de inseguridad” dentro de la cual, el nacionalismo, en una dimensión étnica y religiosa, demostró que es una importante herramienta de acción política en el escenario global.

Dentro de este escenario y tras la recesión económica de 1997, la revolución capitalista chilena aprovechó la coyuntura para incrementar la producción y generar una política de seguridad pública anclada en el concepto de terrorismo y así afrontar el ascenso del movimiento mapuche.  Los empresarios agrícolas, reunidos en la Sociedad Nacional de Agricultura y los empresarios forestales miembros de Corporación Chilena de la Madera (CORMA) y de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), colaboraron en la judicialización de la demanda del pueblo mapuche y presionaron a la clase política para crear tipos penales específicos, por ejemplo, para  la sustracción de madera.

En paralelo al avance de esta estrategia empresarial, el movimiento mapuche evolucionó hacia la incorporación de la Autodeterminación como paradigma político. Hacia el 2001, esto se cristalizó en dos vías: el Control Territorial y la Plurinacionalidad. Ambas tienen su origen en el movimiento indígena latinoamericano. La primera fue desarrollada por las organizaciones maya en Guatemala y México a través del zapatismo, y la segunda, la idea de Plurinacionalidad, se elaboró en el Ecuador de los 90’ y luego se implementó en Bolivia en los primeros seis años del siglo XXI. Estos dos últimos países concentran una población indígena importante, que desde los 50’ se ha articulado políticamente a través del sindicalismo. A ellos la propuesta de reconfigurar el Estado en uno Plurinacional les pareció un camino plausible en un contexto de nuevos constitucionalismos. Esta idea tomó un nuevo impulso a partir de 2006, cuando el triunfo electoral de Evo Morales inició el segundo ciclo de la emergencia indígena en América Latina.

En Chile, los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia y luego de la Alianza por Chile, incrementaron el uso de la estrategia de la seguridad pública para vincularse con el movimiento autonomista. Se aplicaron políticas de seguridad, que se tradujeron en la evolución de Carabineros de Chile bajo la conducción del General Alejandro Bernales, quien diseñó desde la DIPOLCAR (Dirección de Inteligencia de la Policía) una estrategia de seguridad que se basó en dos ejes: inteligencia policial y el incremento de la Fuerza Pública.

Esto último derivó, en palabras del movimiento mapuche, en la “militarización de Wallmapu” y las consecuencias más dramáticas fueron las muertes de Alex Lemun (2002), Matías Catrileo (2008) y Jaime Mendoza Collío (2009). En estricto rigor, la política de seguridad pública fue una variable del multiculturalismo neoliberal propiciado por la Concertación.

La violencia trajo más radicalización. Hacia el Bicentenario de la República chilena, los mapuche del movimiento rupturista como la CAM, Aukan Weichan Mapu y Resistencia Lafkenche, transitaron de la autodefensa con wexuwe (boleadora) al uso de escopetas y luego al armamento de mayor calibre, como dan cuenta las imágenes del funeral de Pablo Marchant.

Al mismo tiempo se inició una de las huelgas de hambre más extensa por parte de miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), hito que marca el inicio de una nueva etapa de esta organización donde los postulados del katarismo boliviano [1]nutriendo la evolución política de la CAM que es una variable a comprender para analizar el surgimiento de los Órganos de Resistencia Territorial (ORT).

Los ORT son grupos de weichafe (combatientes) agrupados según su identidad territorial que operan en los distintos puntos del Wallmapu. Fue una evolución de la CAM luego del asesinato de Matías Catrileo, que llevó a la organización ha transitar de la autodefensa hacia acciones ofensivas sobre lo que consideran sus dos principales adversarios: forestales y agricultores.

El clímax de esta evolución de la CAM fue la disputa por el Control Territorial en el fundo forestal Santa Ana-Tres Palos en Carahue, donde Pablo Marchant muere en un enfrentamiento con Fuerzas Especiales. A los pocos días, este nuevo mártir de la organización fue enterrado en una ceremonia en el ex fundo Pidenco, recuperando las tradiciones y costumbres mapuche del siglo XIX.

La muerte del miembro de la CAM ocurre en un contexto de movilizaciones por la obtención de tierras en distintas comunas en Arauco y Araucanía. El auge de las recuperaciones se vincula con la reducción del presupuesto para la compra de tierras a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Dos razones podrían explicar esta disminución de recursos: la crisis de gobernabilidad del segundo gobierno de Sebastián Piñera, que ha generado una remoción de ministros luego de la muerte y montaje del caso de Camilo Catrillanca en 2018; y la explosión social del 18 de octubre de 2019 y la Pandemia de COVID-19 que debe afrontar el gobierno. La siguiente tabla, elaborada por la socióloga Daniela Aranis del Centro de Estudios Interculturales Indígenas (CIIR), muestra cómo ha disminuido la compra de tierras y el gasto del gobierno en los últimos dos años. Esta evidencia sugiere que la baja de los recursos puede estar vinculada con el incremento de las recuperaciones de tierras.

Fuente: El cuadro fue diseñado por la investigadora del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, Daniela Aranis y es un trabajo exclusivo para esta columna.

Desde principios de 2021, las recuperaciones de tierras se incrementaron por parte de miembros del pueblo mapuche, algunos vinculados a las cuatro organizaciones autonomistas que son parte del ideario del Control Territorial: Coordinadora Arauco-Malleco, Aucan Weichan Mapu, Resistencia Territorial Lafkenche y Resistencia Mapuche Malleco.

También es posible observar el incremento de abigeato y robo de madera en el transcurso de 2020, lo que podría estar relacionado con la recesión económica debido a la pandemia. La Tabla 2 da cuenta de 547 incidentes ocurridos en el contexto de lo que los grupos de agricultores han calificado como “violencia rural” entre 2016 y 2021, en 42 comunas de las regiones de La Araucanía y el Biobío. Se hechos de violencia política como incendios, atentados explosivos, homicidios, quemas de casas y de maquinarias, robos con intimidación y balaceras en las rutas.

Fuente: Datos elaborados por Daniela Aranis del Centro de Estudios Interculturales Indígenas para este artículo. Reúnen incidentes ocurridos en 42 comunas de las regiones de La Araucanía y el Biobío.

Fue en este contexto que en febrero de este año Chile Vamos solicitó al gobierno la aplicación del Estado de Sitio. El presidente, en una reunión con los representantes de los poderes del Estado, instó a una “mayor coordinación entre instituciones para abordar la violencia en el sur” (El Mercurio, 27/02/2021).  

En las semanas siguientes, distintos actores, incluyendo militares en retiro, insistieron en enviar a las Fuerzas Armadas a la zona. El Contraalmirante (r) Luis Sánchez escribió: “No tengo dudas de que las FFAA sabrán hacer un uso racional de la fuerza, para conseguir el objetivo de derrotar a estos grupos subversivos” (El Mercurio, 2/03/2021).

En los meses siguientes, los hechos de violencia política se incrementaron al mismo tiempo que las recuperaciones de tierras. El clímax de violencia se alcanzó con la muerte de Pablo Marchant el 9 de julio, que coincidió con el inicio de la Convención Constitucional que eligió a Elisa Loncon como su presidenta y la catapultó a estar en la lista de los cien personajes influyentes del mundo según la Revista Time.

Loncon, una reconocida académica y miembro del movimiento autonomista, primero de Ad Mapu y luego en Aukiñ Wallmapu Ngulam en la década de los 80’ y 90’, enfrentó este espiral de violencia llamando a todas las fuerzas políticas a unirse detrás de un proyecto Plurinacional.

Pero lejos de aplacar el antagonismo, este llamado hizo crecer la crítica a los convencionales mapuche de parte de la CAM: “la participación mapuche en la Convención, como una supuesta oportunidad para ‘refundar el país’, en realidad representa un acto de sometimiento al pacto colonial”, consignó esa organización en un comunicado público.

Las semanas posteriores decrecieron los hechos de violencia política. Sin embargo, los empresarios aumentaron la ofensiva comunicacional. Destacaron la pérdida de tres mil puestos de trabajo debido a los trecientos atentados ocurridos por actos del movimiento rupturista a la Autodeterminación. También intervino en el debate Gloria Naveillan candidata a diputada por la región y miembro del Partido Republicano pidiendo aumentar los patrullajes de la fuerza pública, crear rondas de agricultores e incorporar “mayores recursos y tecnología de apoyo para las policías” (El Mercurio, 01/01/2021).

Por su parte, los empresarios forestales resaltaron que los ataques se habían triplicado bajo el gobierno de Piñera, y que la incautación de municiones había crecido 147% respecto de 2020. El gobierno tomó la decisión de decretar el Estado de Excepción en las regiones del Biobío y La Araucanía.

La decisión del gobierno se inscribe en la continuidad de una forma de resolver la conflictividad indígena desde principios del siglo XXI que da cuenta cómo el paradigma del multiculturalismo no ha logrado resolver el conflicto, aun cuando han existido instrumentos como la Ley 19.253, que crea la CONADI y permite la compra de tierras indígenas. Para reencauzar la crisis política, parece viable abrir paso a la idea de una nación plurinacional que pueda conciliar y dar una solución a la crisis política de la región entre dos sectores (mapuche y agricultores) que se ven como antagonistas, como consecuencia de la construcción de Estado en la región: la guerra de Ocupación de La Araucanía.

POLARIZACIÓN Y CONVENCIÓN

Los límites y desafíos del multiculturalismo como política de reconocimiento dan cuenta de la dicotomía en relación con el pueblo mapuche. Por un lado, se fomenta una participación restringida dentro de los límites impuesto por la estructura del Estado (Escaños Reservados) pero no se avanza en la restitución territorial comprometida. Estas dos variables generan un contexto propicio para la movilización mapuche por la obtención de tierras, incrementada por la incertidumbre económica y la recesión laboral por motivo de la pandemia de COVID-19.

Así, los avances en torno a los reconocimientos de políticas que pudiesen favorecer al pueblo mapuche se han visto socavados en la práctica por las dinámicas de la globalización neoliberal, el centralismo estatal y la continuidad de políticas económicas de carácter extractivistas que afectan la biodiversidad de los territorios mapuche, ya que se basa el crecimiento del modelo económico entorno a los recursos naturales y bienes primarios disponible en el Wallmapu.

A ello debemos sumar la negativa de los gobernantes chilenos de dialogar entorno al derecho a la Autodeterminación del pueblo mapuche, lo que incentiva, a su vez, a que los miembros del movimiento rupturista ha la Autonomía se movilicen en post de llevar adelante su ideario en torno a la Liberación Nacional. No obstante, el punto crítico para este sector del movimiento es su oposición y crítica a los representantes del pueblo mapuche en la Convención.

La pregunta que vale realizarse es la siguiente: ¿Cómo este proceso de polarización puede afectar las posibilidades de que avance la propuesta plurinacional que están llevando adelante los constituyentes?

Los constituyentes mapuche tienen algo a favor: sufragios. Oponerse a la decisión que un segmento del pueblo mapuche ha tomado, o descalificarlo considerándolo no representativo, da cuenta de una raigambre autoritaria de los miembros rupturistas a la Autodeterminación. La pérdida de confianza del movimiento rupturista en la institucionalidad se entrelaza con el accionar de la clase política chilena que evitó realizar las reformas en las décadas 90 y 2000 a favor de los pueblos originarios. El Estado de Chile se caracterizó por ser un Estado de derecho mínimo que no permitió ni garantizó el ejercicio de los derechos colectivos por parte de los pueblos indígenas. Además, generó una política de seguridad pública que ha terminado por crear mayor grado de violencia política.

La Plurinacionalidad e interculturalidad como salidas democráticas a la crisis política, son conceptos a los que parecen adherir la mayoría de los convencionales mapuche. Estas propuestas emergen desde la Identidad Territorial Lafkenche, organización fundada en 1996 y que en sus distintos congresos ha promovido la formulación de país Plurinacional e Intercultural siguiendo las experiencias del movimiento indígena Q’chua y Aymara en Ecuador y Bolivia respectivamente.

Constituir un Estado Plurinacional se traduce en crear rupturas profundas con las antiguas estructuras coloniales. La Plurinacionalidad no niega la nación, pero exige que revierta la negación a la diversidad que la componen en su formación original. Así y teniendo en consideración los tres meses de trabajo convencional, los actos de racismo abierto de algunos miembros de la convención hacia la presidenta Elisa Loncon y la Machi Francisca Linconao, la construcción de lo Plurinacional no solo se convierte en un reto, sino también en una necesidad, ya que el racismo es uno de los problemas sociales claves del continente y del país.

Este no es un problema cultural, sino abiertamente político. Desde nuestra óptica, la Plurinacionalidad es una invitación a trabajar y ejercitar una experiencia de democracia incluyente. Por eso, como plantea Raúl Prada, la Plurinacionalidad es un concepto polisémico y depende de cada cultura de país dotarlo de contenidos según su especificidad.

Al decretar el Estado de Excepción, el gobierno de Sebastián Piñera cierra su gobierno tal como lo inauguró: en la ambigüedad respecto a los derechos de los pueblos indígenas. En contraposición, los pueblos originarios invitan a diseñar un horizonte compartido, dentro del cual la Plurinacionalidad no solo tolerará la diversidad, sino que celebrará su existencia. Esto no significa recuperar el pasado de forma arqueológica o mística, sino elaborar un futuro, teniendo presente que los mapuche son sujetos de derechos.

Por ello, la Plurinacionalidad garantiza la existencia de espacios y formas de autogobierno para lograr el desarrollo pleno como ciudadanos en base a sus tradiciones políticas y culturales.

Este horizonte fue lo que sostuvo la convencional Rosa Catrileo, cuando el 11 de agosto de 2021 eliminó la frase “República de Chile” del texto del reglamento constitucional. Lo sectores más conservadores de la Convención señalaron su molestia inquiriendo que se debilitaba la legitimidad del proceso por ese hecho. Catrileo explicó que aquello era justamente lo que se iba a debatir: “Chile es un Estado Plurinacional. Los pueblos están hablando, es momento de refundar la historia con muchas banderas y derechos”. Y agregó: “este es un cambio de paradigma, que queremos quede de manifiesto en la nueva Constitución y en la Convención, que es que aquí hay diversos pueblos, naciones preexistentes al Estado, y nosotros somos los soberanos, los que vamos a refundar o dar esta nueva institucionalidad al Estado”.

Al siguiente día reforzó su convicción: “la República de Chile para los mapuche ha sido bien invasora, no nos ha reconocido”.

¿Qué ha incrementado la violencia en Wallmapu en el momento que se debate lo Plural en la Convención? La negativa de la clase política regional de dar una solución acorde a los derechos internacionales es la primera variable; la segunda, el recorte del presupuesto para la compra de tierras comprometidas por el mismo gobierno de Piñera para la vía Fondo de Tierras. Lo tercero, las dificultades de transitar regionalmente por parte de los mapuche que trabajan de temporeros por las restricciones ante la emergencia sanitaria.  Cuarto, una evolución del movimiento rupturista a la Autodeterminación, que no ve en el proceso constituyente un camino factible para los derechos colectivos. Esto último es un debate político e ideológico muy propio de un movimiento que surge en el ideario de la Autonomía de principios de la década de los 80’ del siglo XX. Por último, los parlamentarios de Chile Vamos y gremios empresariales quienes solicitaron invocar a las Fuerzas Armadas desde principio de 2021.

Desde nuestra óptica la solución a la situación del pueblo mapuche es multidimensional. Debe ser vista en una perspectiva económica y política. La primera demanda es generar políticas para superar la pobreza y aumentar los recursos para la adquisición de tierras. La segunda implica avanzar en los derechos colectivos que al ser negados tensionan la discusión de los mismos constituyentes de pueblos originarios en la Convención, los que se ven confrontados por miembros del movimiento rupturista a la Autodeterminación que no comparten la vía política como una vía para conquistar los derechos fundamentales, una tercera la situación de los prisioneros políticos mapuche y un acuerdo en relación con el uso de la violencia política como instrumento.

Pero hay un tema aún más de fondo que cruza todo este debate: en algún momento de esta historia los relatos de ambos polos se complementan, lo que da cuenta de la raigambre autoritaria que los teje y, en algún sentido, dificulta el ejercicio de los constituyentes de pueblos originarios para buscar una salida política al desencuentro.

El asedio del gobierno a la pluralidad es evidente. Y se reforzó cuando el 12 de octubre de este año: en la fecha que recuerda el Genocidio que detuvo la evolución de las civilizaciones indígenas, el gobierno firmó el decreto de Estado de Excepción en La Araucanía permitiendo nuevamente que los militares se desplieguen entre las comunidades mapuche.

Desde nuestro punto de vista, sectores conservadores del país y miembros del movimiento mapuche rupturista asedian a la Convención. La decisión del gobierno podría afectar los derechos colectivos a debatirse en el hemiciclo y puede generar una respuesta crítica, a los mismos, al momento que la ciudadanía tenga que sufragar en el Plebiscito de salida.

En Wallmapu, mientras tanto, luego de un encuentro realizado en Temucuicui, el izamiento de la bandera roja, símbolo de la resistencia armada en los tiempos coloniales, permite aventurar que lejos de aminorar, la violencia se refuerza y también la perspectiva política e ideológica en pos de la Liberación Nacional Mapuche. El camino que han declarado los asistentes a ese encuentro es la autodefensa ante la militarización del Wallmapu, una decisión “que busca proteger nuestro Itrofil Mogen” (todas las vidas sin excepción).

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