Violencias en Wallmapu: una historia política de militarización y estigmatización del pueblo mapuche
17 de Noviembre de 2021

El jueves 11 de noviembre se realizó la cuarta sesión del Ciclo Diálogos VioDemos: Estado de Excepción y Violencia en el Wallmapu, iniciativa del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia (VioDemos) que contó con el apoyo del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR)

El encuentro nació a raíz del actual escenario que viven distintas provincias de la Región de Biobío y La Araucanía desde el pasado 12 de octubre, fecha en que se declaró Estado de Emergencia para la denominada Macrozona Sur, territorio que el pueblo mapuche reconoce como Wallmapu, y que ha sufrido violencia estatal y violaciones a los derechos humanos. 

“Esta es una situación preocupante, que requiere nuestra comprensión, reflexión y diálogo. El objetivo de este conversatorio es que compartamos -desde distintos enfoques, conocimientos y disciplinas- los factores que nos han llevado a este Estado de Emergencia y preguntarnos por qué se decreta en este momento tan particular para Chile”, comentó Helene Risor, directora del centro, académica de Antropología UC y moderadora de la jornada.

En la instancia participaron Verónica Figueroa Huencho, profesora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile e investigadora CIIR, Salvador Millaleo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigador VioDemos, Patricia Richards, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Georgia (EEUU), Fernando Pairican, profesor de la Escuela Antropología UC, investigador VioDemos y CIIR, y Rosa Catrileo, abogada y constituyente por escaños reservados de pueblos indígenas de la Convención Constitucional.

El encuentro comenzó analizando la militarización del territorio mapuche desde una perspectiva histórica, que como señaló Fernando Pairican “está compuesta por etapas de una política mucho más integral, que surge durante la transición en los gobiernos de la concertación, y que busca forzar y detener al movimiento autonomista más crítico”.

Y agregó: “Hoy se ha instalado un lenguaje y un discurso sobre la actuación mapuche como terrorismo, planteado no contra la vida humana sino contra la propiedad privada, fenómeno que podemos ver en Sudamérica y que ha significado una escalada en violencia estatal y policial hacia la comunidad indígena, desencadenando el ejercicio de la autodefensa mapuche como una forma de enfrentar el conflicto”.

Sumándose a las palabras, el investigador VioDemos y abogado Salvador Millaleo apuntó que “hay acciones de control por la fuerza permanente y no hay proceso de diálogo ciudadano, como si el único problema fuera la seguridad, sin que haya otros elementos para resolver el conflicto. El Estado, en vez de poner paños fríos, ha contribuido a la agresión contra el pueblo mapuche y se transforma más bien en un guardián de las empresas en vez de ser un tercero imparcial que pueda colaborar a resolver el conflicto”.

Para Patricia Richards, socióloga estadounidense y académica de la Universidad de Georgia, la actual situación no es para nada casual. “No es un accidente que estemos viendo mayor represión en un momento en el que se está escribiendo una nueva Constitución. El uso de la violencia estatal se hace parecer como legítima ante la visión de las elites locales, que construyeron un imaginario de los mapuche como terroristas que no acepta las políticas del Estado, y por tanto, parecieran ser un enemigo interno”.

Sumándose a las palabras, la académica Uchile e investigadora CIIR, Verónica Figueroa Huencho, indicó que “este concepto del terrorismo es perfecto, cuando no se quiere avanzar en términos políticos. Cabe preguntarse ¿a quiénes beneficia la militarización de la Araucanía?”. “La situación que vivimos hoy en día es parte de una desconfianza estructural respecto del Estado y se vincula con la intención de despojar al pueblo mapuche de su territorio y de incorporarlos por la fuerza al proyecto de la nación”.

Ante este escenario, las y los investigadores ven en la nueva Constitución una oportunidad para terminar con la violencia estatal y colonialista. “La convención tiene la posibilidad histórica para cambiar la política de deslegitimación de las demandas del pueblo mapuche con el carácter de pueblo nación originaria”, señaló la constituyente y abogada Rosa Catrileo.

“Hace bastante tiempo que el Ejecutivo estaba promoviendo el uso de las fuerzas militares en el Wallmapu. ¿Y cuál ha sido el rol de estas fuerzas militares en el Wallmapu? No es el control carretero precisamente, sino una decisión política de criminalizar una demanda y de crear estereotipos y prejuicios sobre el pueblo mapuche. Confío en que desde la Convención terminemos con esta lógica”, sentenció la constituyente para finalizar el encuentro.

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